Central Pirquenes*

Paul Fontaine

El mes pasado escribí sobre mi experiencia en la tramitación de un permiso ambiental para una central a carbón de 50 MW a ser construida en Laraquete, Octava Región. Esta experiencia graficó los problemas que enfrentan los proyectos de generación a carbón y son la razón fundamental de los altos precios de la energía que persistirán de no mediar cambios.



En síntesis, el proyecto generaría 4.000 puestos de trabajo mineros en una zona de alto desempleo. Debido al tamaño e impactos del proyecto, se inició la tramitación de la declaración de impacto ambiental “DIA” en enero de 2010. La DIA aprobó el test de admisibilidad que le realiza el SEIA. Luego de un largo proceso de 15 meses de múltiples estudios y 2 Icsara, todos los servicios se pronunciaron conformes con el proyecto, sólo se opuso sin argumentos técnicos la Municipalidad de Arauco. En enero de 2011, la Conama, al no haber nuevas observaciones y sólo pronunciamientos conformes por parte de los servicios, procedió a emitir el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), después del cual corresponde que se realice la votación del proyecto en la Corema regional. La votación se realizó el 14 de abril pasado. Fue empate 4 a 4 con los 2 votos de medio ambiente en contra y la abstención del intendente suplente. El Ministerio del Medio Ambiente se opuso al proyecto (2 votos), argumentando que se debió tramitar vía un EIA. Esta postura está fuera del marco jurídico.

El proyecto se debería haber votado nuevamente durante mayo. Sin embargo, el 21 de abril la Municipalidad de Arauco interpuso un recurso de protección contra la Comisión de Evaluación Ambiental, argumentando que la votación estaría viciada, ya que se habría postergado la votación del proyecto en numerosas ocasiones sin argumentos y una vez que se realizó el intendente se abstuvo en forma ilegal. Insólitamente, este recurso fue declarado admisible y el Ministerio de Medio Ambiente debería haberse defendido contra el recurso, ya que era dirigido contra la comisión de evaluación ambiental, lo cual no ocurrió dentro del plazo entregado por el tribunal. Recién el 13 de mayo el Servicio de Evaluación Ambiental presentó el informe ante los tribunales. En vista de lo anterior SWB se hizo parte del proceso, para lo cual contratamos a un abogado para defender nuestra causa. Se espera una nueva sesión para la votación del proyecto, en la cual se pronuncien los seremis que no votaron en primera instancia: transporte, planificación y vivienda y urbanismo.

Un estudio jurídico nos ofreció sus servicios para aprobar el proyecto. Los cobros asociados eran superiores a lo razonable, ya que involucraban “lobby político”. Decidimos no entrar en ese juego. Nuestra postura es que la central Pirquenes se apruebe de forma limpia o sea rechazado en forma ilegal.

El sistema de evaluación de impactos ambientales en Chile no está funcionando en forma expedita e imparcial. En forma descarada el Ministerio de Medio Ambiente actúa de forma arbitraria, transgrediendo la ley y sus obligaciones de objetividad mínima para no aprobar proyectos que le “disgustan”. ¿Si transgrede la ley para rechazar proyectos que deben ser aprobados; también la transgrede para aprobar proyectos que no corresponde aprobar? ¿Bajo qué criterios?
También es irregular que los tribunales intercedan en procesos técnicos de evaluaciones ambientales. Esto no sólo encarece los procesos de evaluación sino que dilata los proyectos.

Las arbitrariedades aumentan el riesgo de invertir en sectores regulados, incrementando las barreras de entrada, disminuyendo la competencia y llevando a un equilibrio con precios más altos de la energía. Esto daña a los sectores más vulnerables del país, a los industriales, al comercial y a la población en general. Chile pierde, sólo ganan las empresas establecidas que venden más cara su energía existente bajo el esquema de precios marginalista, que tarifica toda la energía al precio del KWh máss caro generado.



(*) Central Pirquenes es un proyecto que impulsa SWB